Las sociedades democráticas están obligadas a favorecer el acceso a la justicia de sus conciudadanas y conciudadanos, sin ningún tipo de distinción. En la práctica, surgen diversas barreras que limitan el ejercicio de los derechos humanos, principalmente con personas con discapacidad. En ese sentido, la atención integral a personas con discapacidad, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, es uno de los grandes desafíos que enfrentan las sociedades actuales, para garantizar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de los Derechos Humanos, principalmente, cuando acuden a las instituciones de justicia.